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24 de marzo 1976 / 2012: los medios cómplices

A 36 años del golpe: "Una larga y tenebrosa noche"

Nota extraída de http://www.agendadereflexion.com.ar/

En su último número del año 1975 la revista Gente, de Editorial Atlántida, titulaba su nota central: “Nochebuena con Videla en Tucumán”. Era la presentación en sociedad del teniente general Jorge Rafael Videla, jefe del Ejército, quien por esos días daba a conocer el primer bando golpista contra el gobierno de María Estela Martínez de Perón. En aquel mensaje, que iniciaba el estado de deliberación permanente de las tres fuerzas, Videla advertía sobre “la sana rabia del verdadero soldado”.

Por su parte, en enero de 1976 la revista Redacción publicaba un editorial de su director, Hugo Gambini, en el que planteaba la ilegitimidad del gobierno peronista. En la opinión del ex-encumbrado comunicador alfonsinista y actual columnista de Gerardo Sofovich en Polémica en el Bar, el movimiento político creado por Juan Domingo Perón carecía históricamente de legitimidad, aun cuando había ganado las elecciones nacionales por un amplísimo margen, algo así como una alucinación impensable para las ridículas cifras que surgen de los sondeos contemporáneos, al punto que si se suman los porcentajes de intención de voto de todos los actuales candidatos, el resultado no se aproxima a los obtenidos en septiembre de 1973 por la fórmula Perón-Perón.

A partir del mes de marzo del 76, los medios gráficos comenzaron a aumentar el espacio dedicado a los temas militares, previendo con buen criterio que la amenaza de Videla fuera cumplida. Uno de los primeros en tomar partido fue el matutino La Prensa, que prestaba sus páginas a las proclamas golpistas de Isaac Rojas, quien desde su movimiento Acción Patriótica Argentina exhortaba a decir “¡Basta!”. El diario de la familia Gainza Paz publicaba el 12 de marzo un editorial que no ahorraba calificativos: “Manirroto, desaprensivo, el gobierno no es dique de contención”, aseguraba.

Cinco días más tarde, Clarín y La Nación coincidían en señalar desde sus editoriales “el sentimiento de indignación e inseguridad” de los argentinos. El matutino de la noble viuda, -perdón, queremos decir de la viuda de Noble- además, titulaba su tapa con un marcado tono sarcástico: “Balbín exhortó a buscar soluciones magistrales”, en referencia al mensaje que el político radical había dirigido por la cadena oficial la noche anterior, en el que pedía la defensa de las instituciones democráticas, al mismo tiempo que el joven senador Fernando de la Rúa solicitaba el juicio político a la presidente y Raúl Alfonsín declaraba lamentándose no encontrar ninguna solución política a la situación.

Mientras los partidos opositores y el gobierno se reunían en la Multipartidaria en un intento de revertir la difícil situación, el vespertino La Razón se anticipaba varios días a los acontecimientos. El 19 de marzo -casi una semana antes del golpe- su principal titular de tapa era: “Culmina el proceso”. Tres días después, le recordaba a sus lectores que “hace 89 días, el comandante general del Ejército, Jorge Rafael Videla, pronunció un significativo mensaje para el país”.
En la mañana del lunes 22, todos los diarios coincidían en señalar la inminencia del golpe de Estado. “Alternativa inconducente”, era el título del editorial de Clarín que se refería a los últimos intentos de los partidos de la oposición y el gobierno por preservar el sistema democrático, al adelantar la fecha de las elecciones de 1977 a octubre de 1976 (sí, solo faltaban seis meses...). Con el slogan: “Blanca y celeste, aunque nos cueste”, la Liga Pro Comportamiento Humano iniciaba una campaña destinada claramente a apoyar el levantamiento militar que tuvo continuidad en otros dos mensajes. El primero mostraba la imagen de un soldado bajo el título “Tu pueblo te respalda” y el otro que, sin eufemismos, aseguraba: “Las papas queman, el pueblo ya no da más”. Los tres avisos fueron publicados en los principales diarios.

“Es inminente el final, está todo dicho”, afirmaba por su parte La Razón con una indisimulable felicidad, el 23 de marzo.

Los implicados la conocían como Operación Aries. El golpe de Estado contra el gobierno constitucional que presidía María Estela Martínez, Isabelita, y que se preparaba desde el día siguiente de la muerte de Perón y con mayor ajuste y precisión desde octubre del año 1975, debía darse entre 21 de marzo y el 20 de abril de 1976. El general Roberto Viola, secuaz de Jorge Videla, cabeza de la conspiración, y su sucesor en la presidencia de la tiranía, sugirió el signo del zodíaco como clave. Sería por eso que le decían “el sabio”.

Sucedió al fin la madrugada del miércoles 24 de marzo de 1976. Como para darle la razón a Carlos Marx, a las 0:45 despegó de la terraza de la Casa Rosada el helicóptero que llevaba a la primera mujer jefe de Estado de América hacia el verde jardín de la residencia presidencial de Olivos. Marx decía que es cierto que la historia se repite, sólo que una vez como tragedia y la otra como comedia; y entonces tuvimos que vivir la misma escena el 20 de diciembre de 2001, aunque –claro- bajo otro sino. Aquella vez simularon una falla en el motor y le avisaron a Isabel que tendrían que aterrizar en el sector militar del Aeroparque. Allí tres representantes de las Fuerzas Armadas le comunicaron que “cesaba como presidente” (sic) y que quedaba arrestada. A las tres y veinte de la madrugada, por la cadena nacional de radio y televisión, los que todavía estaban despiertos pudieron escuchar el comunicado número uno del gobierno de facto, sonorizado por los inconfundibles compases de una marcha militar, anunciando que el país se encontraba bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti. Tierra, agua y aire, los elementos oficiales de un complot nada elemental. A tiempo, la televisión presentaba la nueva imagen de una estrambótica y extrañísima combinación de símbolos que pretendía representar a la Junta de Comandantes, y que tenía toda la apariencia de una bandera corsaria.

Efectivamente, los comandantes le habían encargado a José Alfredo Martínez de Hoz, hijo y nieto de terratenientes, que preparara un plan económico detallado para el fin de semana previo al golpe y que se hiciera cargo del ministerio de Economía. Puso una condición: necesitaba diez años para aplicar su plan. Videla le prometió cinco seguros, con el total apoyo de las Fuerzas Armadas. (Y ya lleva veintisiete...). Ahora se sabe: fue una cacería en la selva. Martínez de Hoz y el general Albano Harguindeguy, futuro ministro del Interior, compartían la afición por la caza mayor: “Les daba placer herir a la presa para luego matarla a cuchillo, degollarla hasta sentir la lenta agonía de su muerte”.

Sin embargo, nadie podía siquiera imaginar entonces la magnitud de la tragedia que se avecinaba. Aquél no era uno más de los rutinarios y sucesivos asaltos al poder, las chirinadas que periódicamente intentaban los milicos, alentados por las clásicas minorías civiles combinadas de aprovechadores e idiotas útiles. Ese módico crimen, en comparación con los que cometerían después, sería el primero y menos violento de la más sanguinaria y feroz tiranía entre todas las instaladas en Latinoamérica durante la década. Nadie mató tanto y con tanta crueldad. Ningún otro régimen alcanzó jamás semejante grado de perversión.

Se instauró junto al terrorismo de Estado un severo plan económico que definió un nuevo modelo de país, responsable de muchas más muertes e injusticias todavía que las de la tortura y el secuestro sistemáticos, y que aún hoy perdura: un modelo de un país de rodillas y acosado por el saqueo de toda su riqueza, la sumisión incondicional a los vampiros de la usura, el remate sin anestesia de los bienes de cualquier tipo a granel, la vergonzosa entrega de las joyas, las de la abuela, las de la madre y las de la nieta, una gigantesca y dolosa deuda externa y la absoluta exterminación de todo patrimonio económico e industrial del país y de sus habitantes.

Volviendo a los diarios, un día después de que se apropiara del poder la tiranía más sangrienta de nuestra historia, ningún medio utilizó la figura “golpe de Estado” para definir la interrupción del proceso democrático. Para La Razón, las Fuerzas Armadas habían “asumido el ejercicio del poder”, La Prensa decía que se trataba de un “control operacional”, La Nación prefería referirse a una “asunción de poder” y Clarín informaba que se trataba simplemente de “Un nuevo gobierno” y que María Estela Martínez de Perón había sufrido un “alejamiento del poder”. En aquel editorial aparecido en Redacción, en el que Hugo Gambini se refería a la ilegitimidad del peronismo tres meses antes del golpe, el periodista invitaba a que sus lectores conocieran la verdad histórica por medio del testimonio de las publicaciones de la época. Gambini aseguraba que así se podría desenmascarar “los falsos testimonios de quienes se empeñan en acomodar la historia a su manera, para jugar a la legalidad o a la ilegalidad según les convenga en cada momento, sin importarles el destino del país”.

“Quien conoce el pensamiento de estos hombres de armas sabe que no vienen a perseguir a nadie. Sólo puede estar preocupado el que ha delinquido, quien abusó del poder o el terrorista de cualquier signo. (...) Las Fuerzas Armadas saben perfectamente que lo suyo es una misión de reordenamiento y reparación de la República” (La Razón, 27 de marzo de 1976). “Es la culminación de un largo proceso, durante el cual los mandos castrenses decidieron prepararse para dar este trascendente paso, en caso de que el proceso tomase un rumbo que pusiera en peligro la integridad nacional” (Clarín, 24 de marzo de 1976). “Señor Teniente General: Queremos hablar con usted abiertamente. Sin aplausos prematuros ni reservas mentales. Lo hemos oído con atención. Su discurso fue una invitación al diálogo. Vamos a dialogar. Usted está al frente de veintiséis millones de argentinos cumpliendo una misión de servicio. Nosotros, hombres comunes y corrientes, también queremos sumarnos a este proceso” (Gente, 8 de abril de 1976). “Hay que salvar a las instituciones: las mujeres oíamos esa frase y no sabíamos exactamente qué pensar. La oíamos en boca de políticos adversarios entre sí, en boca de funcionarios públicos, de legisladores, de ministros. Salvar a las instituciones. Pero, ¿qué sucedía mientras tanto? Estallaban bombas, aparecían cadáveres en todas partes, se cometían crímenes impunemente, el peso perdía aceleradamente su valor, el robo se enseñoreaba en todos los estratos... Salvar las instituciones. ¿Para qué? ¿Para eso? ¿Para que todos los días nos anunciaran que estábamos cayendo más hondo hundiéndonos más en la desesperación, en la desidia, en el odio?” (Para Ti, marzo de 1976).

Además de los medios de comunicación, de los grandes grupos económicos y del poder imperial, el golpe contó con la velada pero muy amplia complicidad de una pequeña burguesía descerebrada, ansiosa de un orden que la democracia no le garantizaba, y que más tarde se justificaría con la famosa frase “yo no sabía...”. Es el caso clásico de los analfabetos políticos. La aguda definición de Bertolt Brecht los condena así: “El peor analfabeto es el analfabeto político. El no oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. El no sabe que el costo de vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales”.

Y en relación a los medios de comunicación, a los de ayer y los de hoy, nos permitiremos, en conclusión, remitir a la sencilla advertencia de una viñeta de “El Roto”, el famoso humorista español: "Aviso: Muchas fuentes de información están envenenadas. Prueben las noticias antes de tragarlas".

24 de marzo 1976 / 2012: el poder económico detrás del poder militar

El estado de las causas judiciales que involucran a empresas y empresarios en crímenes de lesa humanidad. Los expedientes buscan avanzar sobre dos cuestiones: la participación directa de empresarios en crímenes de lesa humanidad y en el modelo económico que buscó implementar el poder económico con apoyo de los militares. El estado de las causas.

Por Alejandra Dandan

El cartel instalado ayer en la planta Ford Motor Argentina es un nuevo punto de partida en las demandas por los delitos de la última dictadura, definida como cívico-militar. Los organismos de derechos humanos impulsaron las causas por la responsabilidad militar primero y luego de sacerdotes o magistrados que participaron directamente o avalaron lo que sucedía en los centros clandestinos. Ahora empieza a verse el avance sobre el sector de las empresas. O más bien, sobre el poder económico detrás del poder militar.

Ese es el eje de la marcha de este 24 de marzo, impulsada por varios organismos de derechos humanos, entre ellos, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. “Las causas en todo el país avanzan con acusaciones a empresarios”, dice José Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. “Hay dos conceptos: por un lado, una dictadura con un poder destructivo en el que están las acciones terroristas brutales, y por otro, el hecho de que la dictadura fue fundacional: intentó construir un nuevo modelo de país y el trabajo ahora es hacer hincapié en la discusión y acusar al terrorismo de Estado de las modificaciones más profundas que hubo en la estructura económica argentina”.

Ese panorama permite ordenar el estado judicial de las causas que avanzan en ese doble sentido en distintos puntos del país. Algunas, pocas, cuestionan ese aspecto fundacional, como los casos emblemáticos de Papel Prensa y Acindar, impulsadas en diciembre de 2010 por la Liga y la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Otras denuncian puntualmente torturas, secuestros y asesinatos en los que participaron empresarios. En ese universo, las causas son más y se advierten dos tipos: las que involucran capitales nacionales –como la del ingenio Ledesma por la Noche del Apagón, La Veloz del Norte en Salta o la sentencia que ordenó abrir la semana pasada una investigación sobre el directorio de Loma Negra en un juicio en el que aparecieron datos sobre otras cementeras y empresas del emporio Techint– y las de compañías multinacionales, como la Ford Motor Argentina o Mercedes-Benz, sólo por dar algunos ejemplos. Unas parecen avanzar; las otras, no.

En estas causas, algunos fiscales (y sobre todo las querellas) intentan consolidar las pruebas que les exige la lógica de un juicio pensado para “civiles”: hombres que en principio no actuaron dentro de una cadena de mandos o no fueron funcionarios del Estado. Un obstáculo es que se observa en algunos sectores de la Justicia un “sentido común” que tiende a pensar que si fueron civiles, entonces, no fueron parte del terrorismo de Estado. Una resolución muy reciente del Juzgado Federal de Salta ilustra esa discusión. Se dio en el contexto de la causa de la empresa de transportes La Veloz del Norte, en la que un grupo de trabajadores denunció al propietario de la compañía como partícipe de los operativos de sus secuestros y tormentos. Le atribuyeron a Marcos Levin usar a un grupo de tareas para sacarse de encima a los trabajadores más combativos y afiliados a la UTA. Presentaron las pruebas. El juez federal a cargo de la causa, Leonardo Bavio, llamó a indagatoria a Levin. El empresario se negó y su abogado argumentó, entre otras cosas, que como su defendido era “civil” no podría ser parte del terrorismo de Estado. Fueron interesantes las respuestas del fiscal Domingo Batule y de la querella encabezada por David Leiva, con las que el juez acordó y por lo tanto volvió a citar a Levin para mañana. “El hecho de que Marcos Jacobo Levin no haya sido funcionario público no significa que quede excluido por esa sola circunstancia de ser responsable de cometer delitos de lesa humanidad”, dijo el fiscal Batule. “Aclarando –siguió– que éstos se cometen en un marco en el cual los organismos estatales no sólo se mantuvieron indiferentes ante dicha situación, sino que se utilizó el aparato estatal como instrumento represivo dejando a sus víctimas en orfandad de derechos y garantías, puntualizando que un particular puede colaborar o tener participación en la comisión de esa clase de delitos.”

“Concretamente –reforzó el juez Bavio–, en este proceso debe comprobarse si existieron apremios ilegales como delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del terrorismo de Estado, los cuales son considerados imprescriptibles por el Derecho de Gentes y en su caso, individualizarse a los eventuales autores y demás partícipes.”

Las causas que parecen haber avanzado en los últimos tiempos son aquellas del grupo de las “acciones destructivas” y no las de “fondo”, en términos de Schulman. Y en ese grupo, las que involucran a capitales nacionales. A grandes rasgos, son empresas que elaboraron listas negras, con las que trabajaban los servicios de inteligencia y sobre las que actuaban las fuerzas de seguridad.

Un ejemplo es La Veloz del Norte. Pero también hubo algunas noticias del ingenio Ledesma y Loma Negra.

* La causa del ingenio Ledesma por la llamada Noche del Apagón, de julio de 1976, tiene entre los acusados a Blaquier. Para acercarse a la lógica jurídica, el año pasado algunos querellantes cambiaron la denuncia y en vez de acusar genéricamente “al ingenio Ledesma”, que es una entidad jurídica abstracta en términos de imputación en Argentina, denunciaron con nombres propios al directorio. El fiscal Batule –el mismo de La Veloz del Norte– pidió la indagatoria para Blaquier y otros ex funcionarios de la empresa, pero la rechazó el juez subrogante Carlos Olivera Pastor, que se convirtió en un tapón para el avance de las causas de lesa humanidad en Jujuy. Olivera Pastor se opuso a gran parte de los pedidos de indagatorias de los militares y convirtió a la provincia en una de las únicas –junto a Catamarca– que todavía no tuvieron juicios orales sobre crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

* El otro caso simbólico es Loma Negra. En la sentencia de la semana pasada del juicio oral de Tandil por el secuestro y asesinato del abogado laboralista Carlos Moreno, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata ordenó una investigación sobre la cementera. Para los jueces Roberto Falcone, Mario Portela y Néstor Parra, el juicio arrojó suficientes “sospechas” de que el directorio de la empresa, entonces encabezado por Amalia Lacroze de Fortabat, “indujo” el crimen. Moreno y su socio habían ganado juicios millonarios a Loma Negra en nombre de los trabajadores que reclamaban por mejores condiciones laborales y por una enfermedad respiratoria que provocaba el proceso de producción. El fallo condenó además, por primera vez, a dos hermanos que no eran funcionarios públicos: uno era gerente del banco Comercial de Tandil y los dos eran dueños de la chacra que funcionó como centro clandestino. En ese caso, el fiscal Daniel Adler dijo durante el alegato algo que da cuenta de las dos facetas de estas causas: aquellos hermanos dieron asistencia y apoyo a la dictadura, pero lo hicieron porque eso les garantizó retener y expandir sus intereses económicos.

Las dos empresas

Fuera de los avances, hay un enorme paquete de causas que involucran a empresas virtualmente detenidas. Entre otras, las de Ford y Mercedes-Benz. Pero también la de los astilleros Astarsa y todas las que están en la jurisdicción de San Martín.

La Ford y Mercedes-Benz tienen características parecidas: las victimas son trabajadores que eran parte de la comisión interna de las fábricas o delegados de una sección. Las dos causas pasaron del juzgado federal de Daniel Rafecas a San Martín. Ford salió con un pedido del fiscal Federico Delgado de indagatoria para los directivos. En los últimos años, sin embargo, ninguna de las dos avanzó. El juez que las recibió, Juan Manuel Yalj, cuestionó, entre otras cosas, la relación entre civiles, imprescriptibilidad y terrorismo de Estado. En diciembre, las tomó la nueva jueza, Alicia Vence. A la causa original que llevó adelante durante años el abogado Tomás Ojea Quintana, el año pasado se sumó como querellante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Los investigadores hablan de dos tipos de procedimientos de las empresas durante la dictadura. Unos más visibles y desbocados, sobre todo en localidades del interior con compañías que se creían impunes. Otros más camuflados o cuidados, en los centros urbanos. Un ejemplo del primer caso es Ledesma, donde el Ejército usó camiones con el logo del ingenio o había una conexión entre la usina y el apagón que liberó la zona. Para algunos, los casos de Ford y Mercedes-Benz presentan otras dificultades, pese a que la planta de Pacheco de Ford se usó como centro de detención. O que los trabajadores de Mercedes-Benz eran levantados con listas de la empresa.

Hay testimonios de sobrevivientes o de sus mujeres. Arcelia Luján Portillo describió una entrevista con el teniente coronel Juan Molinari, responsable de los secuestros. “Vos me responsabilizás a mí de todo, pero yo te digo y te voy a mostrar algo”, le dijo el militar. Y –describió ella– “sacó de un cajón una lista en un papel con el logotipo de Ford, manifestándome: ‘Acá están todos los nombres que nos dio la empresa con los trabajadores que querían que chupáramos’. Pude ver que la mayoría estaban tachados, y pude ver que el nombre de mi marido aún no estaba tachado y me dijo que me fuera tranquila porque mi marido, antes del 1º de abril, iba a estar en mi casa. Yo le contesté que no le creía, a lo que me refirió que él era un hombre de honor”.

Los casos de Acindar y Papel Prensa tampoco avanzaron mucho. Acindar está en manos de Oyarbide y algo adelantó. Página12 publicó una nota sobre La Veloz del Norte en la que la unidad de coordinación de las causas de lesa humanidad del Ministerio Público explicaba cuál era uno de los problemas de estas causas: “La realidad es que las dificultades tienen mucho más que ver con que hay personas cubiertas porque siguen detentando poder, que por las razones jurídicas que elaboran los operadores judiciales adornadas de argumentos jurídicos sofisticados que tratan de explicar en realidad por qué no llaman a los empresarios”.

Algo de eso dice José Schulman: “El Poder Judicial fue creado para defender al poder, no para atacarlo; aun a los más honestos les cuesta mirar al funcionamiento del mismo poder. La Corte Suprema tiene que orientar esta discusión para poder ir al núcleo del bloque que organizó el terrorismo de Estado, porque este poder económico hoy sigue vivo. Esta cuestión redefine la agenda del siglo XXI: pasar del dolor al futuro, para poder gozar de los derechos humanos y eso, inexorablemente, implica poner el eje en el poder económico, que es transnacional”.

Publicado por Casapueblos - AEDD

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